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Resumen
La orden de captura correspondía a un caso de fraude de calificaciones en su universidad, pero su nombre ya estaba en el centro de la acusación más grave del año.
La acusación proviene de la propia agencia.
Documentos internos de la DNI revelados por Noticias Caracol afirman que Oyola "lidera la red que realizaría el trabajo para cambiar resultados de la votación del 21 de junio", la segunda vuelta presidencial de 2026, con ataques contra la Registraduría, la entidad que cuenta los votos de Colombia.
Los mismos papeles dicen que coordinaba a "activistas digitales, bodegueros y hackers", que ingresó a bases de datos del Estado para labores de contrainteligencia y perdió los datos, y describen un decreto del 3 de junio de 2026 que puso a la DNI a cargo de asignar los vehículos de protección de los expresidentes, los cuales, según una fuente, serían equipados con micrófonos y GPS.
Una auditoría forense ordenada por el presidente Abelardo De la Espriella, publicada por la revista colombiana Semana en octubre de 2026, ya había concluido que bajo Petro la DNI "se convirtió en una policía política": interceptaciones a la oposición, vigilancia de periodistas, fondos reservados imposibles de rastrear y al menos la mitad de las contrataciones sin los requisitos de calificación.
El historial de Oyola era público antes de que fuera contratado en febrero de 2024: una denuncia de fraude informático de 2022 junto con su hermano gemelo y un registro académico alterado en su universidad.
Un juez ordenó su arresto el 7 de mayo de 2026; salió de un apartamento de la DNI horas antes del allanamiento del CTI (Cuerpo Técnico de Investigación) y permaneció en la nómina seis meses más.
La agencia dice que el computador que contenía la nueva versión de su sistema más restringido "fue robado"; sin embargo, no se presentó ninguna denuncia policial. Un funcionario del gobierno de Petro reconoció que Oyola tenía acceso a las misiones secretas de la agencia.
Iván Cepeda dice que las acusaciones "pretenden descalificar el resultado electoral" y que la Registraduría descartó cualquier hackeo que lo cambiara. Es cierto, y eso no responde a la acusación: nadie dice que el plan haya tenido éxito. Petro no había dicho nada al momento de la publicación.
Nuestra conclusión: los propios documentos del Estado establecen que la policía política de Petro contrató a un hacker buscado por la justicia, lo protegió y registró un plan contra el voto.
No está establecido: que Petro diera la orden, ni que un solo voto cambiara. Veremos si en el futuro esas acusaciones resultan ser ciertas.
La DNI respondía ante él; la responsabilidad política es suya.
Para los estadounidenses, están en juego la integridad electoral y un socio en la guerra contra las drogas. "Porque nada hay encubierto, que no haya de descubrirse; ni oculto, que no haya de saberse" (Lucas 12:2, RVR1960).
Un prófugo en la nómina de la agencia de espionaje
El viernes 6 de noviembre, el Gaula Militar (la unidad antiextorsión del Ejército) y el CTI (Cuerpo Técnico de Investigación) de la Fiscalía arrestaron en Neiva a Carlos Andrés Oyola Tovar, de 36 años, ingeniero de sistemas.
Oyola llevaba seis meses prófugo. Seguía siendo funcionario activo de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), la agencia civil de inteligencia de Colombia, con el rango de “gestor de inteligencia máster”.
La orden de captura correspondía a un caso de fraude en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), no a las elecciones.
Pero el arresto llegó mientras su nombre circulaba en la acusación más grave del año: que desde dentro de la DNI, Oyola lideraba una red destinada a cambiar el resultado de la segunda vuelta presidencial del 21 de junio.
Los cargos que enfrenta son concierto para delinquir, acceso abusivo a sistemas informáticos, falsedad en documento público y fraude procesal. En su primera audiencia, el 9 de noviembre, no los aceptó.
Dos definiciones antes de la historia.
La DNI fue creada en 2011 para reemplazar al DAS (Departamento Administrativo de Seguridad), la agencia disuelta tras el escándalo de las interceptaciones ilegales de los años de Uribe. Es un departamento administrativo adscrito a la Presidencia, y su director responde directamente ante el presidente.
La DNI colombiana comparte siglas con el Director de Inteligencia Nacional de Estados Unidos y nada más. No deben confundirse entre sí.
La Registraduría Nacional del Estado Civil expide las cédulas de identidad, organiza las elecciones, cuenta los votos y publica el preconteo que el país ve la noche electoral.
Un ataque contra la Registraduría es un ataque contra el conteo mismo.
Lo que dicen los propios papeles de la DNI
La acusación no viene de la oposición. Viene de la propia agencia.
El domingo 8 de noviembre, la unidad investigativa de Noticias Caracol reveló dos documentos internos: un informe de empalme de 26 páginas fechado en julio de 2026, dirigido al director entrante y construido con información de funcionarios de la DNI y de una fuente humana, y un informe enviado por la DNI a la Presidencia en septiembre de 2026.
Sobre Oyola, el informe de empalme dice: “Lidera la red que realizaría el trabajo para cambiar resultados de la votación del 21 de junio; con otros integrantes ejecutarían los ataques [hacker] contra la Registraduría”.
Lea esa frase dos veces. No la escribió un periodista ni la oposición; fue escrita dentro de la DNI, y los diarios El Tiempo y El País y la revista Semana la han reproducido palabra por palabra. Todo lo que sigue en este artículo depende de ella.
Los mismos papeles dicen que coordinaba “activistas digitales, bodegueros y hackers”. Las bodegas son las redes pagadas en redes sociales que impulsan el mensaje de un gobierno y atacan a sus críticos.
Esos mismos papeles también dicen que irrumpió en los sistemas de otras entidades del Estado para que el área de contrainteligencia de la DNI pudiera consultar sus bases de datos, almacenó esa información en una nube y luego la perdió.
Describen el Decreto 0563 del 3 de junio de 2026, firmado por el gobierno de Petro menos de tres semanas antes de la segunda vuelta, que puso a la DNI a cargo de asignar los vehículos de protección de los expresidentes y exvicepresidentes; una fuente humana le dijo a la agencia que el propósito era equipar esos carros con micrófonos y GPS.
Estos documentos internos también mencionan una casa cercana a la Embajada de Estados Unidos que operaba como una instalación no registrada de la DNI y que fue vaciada después de la elección, y dispositivos traídos de un viaje de capacitación a Moscú con el servicio de inteligencia exterior de Rusia, el SVR, que podrían contener malware.
Cada uno de estos elementos es una acusación redactada por oficiales de inteligencia; ninguno es una decisión judicial.
Caracol pidió comentarios, antes de la emisión, a los expresidentes y a los dos últimos directores de la DNI bajo Petro, es decir, René Guarín y Jorge Lemus, y no obtuvo respuesta.
Desde entonces Lemus ha dicho a El Tiempo que Oyola fue contratado en febrero de 2024 bajo el director Manuel Alberto Casanova, que ya estaba allí cuando Lemus asumió el cargo y que no tuvo ninguna participación en el Decreto 0563.
La fiscal general Luz Adriana Camargo ha respondido a Caracol sobre una nota del informe que menciona reuniones con Oyola.
Y, por último, un funcionario “sin nombre” del gobierno de Petro también ha hablado con El Tiempo; volvemos a él más adelante.
La auditoría que encontró una policía política
Los documentos de Caracol confirmaron un patrón ya documentado.
El 3 de octubre de 2026, la revista colombiana Semana publicó los hallazgos de una auditoría forense ordenada por el presidente Abelardo de la Espriella en sus primeros días en el cargo. Los auditores revisaron 147 terabytes de información, además de computadores y teléfonos, ahora bajo cadena de custodia de la Fiscalía.
Su conclusión dio nombre a este artículo: bajo Petro la DNI “se convirtió en una policía política”.
La auditoría encontró interceptaciones de comunicaciones de la oposición, vigilancia de opositores, periodistas y funcionarios, y un patrón en el que se inventaba una amenaza falsa para asignar un esquema de protección a la supuesta víctima y recopilar información sobre esa persona.
Encontró que al menos la mitad de las personas contratadas por la agencia durante el gobierno anterior no cumplía los requisitos para el cargo.
Y también encontró que gran parte de los gastos reservados de la agencia, los fondos secretos que los servicios de inteligencia utilizan sin los controles normales, no se podía rastrear; al menos 350 millones de pesos, unos 108,000 dólares, se destinaron a misiones ajenas al propósito de la agencia.
La reacción política siguió a los hechos.
La exsenadora María Fernanda Cabal escribió que “pusieron la inteligencia al servicio del poder”.
El senador Juan Caicedo, del Centro Democrático, dijo el 9 de noviembre que el rompecabezas estaba casi completo: “convirtieron la DNI en una policía política, propia de las peores dictaduras”, escribió.
Juan Carlos Restrepo, exasesor de seguridad nacional y exinspector de la DNI, dijo a Caracol que los funcionarios de la DNI “claramente están obrando por fuera del marco de competencias y por fuera del campo de acción de la DNI”.
El propio informe de empalme señala que “una entidad de inteligencia no tiene ninguna razón técnica para asignar vehículos de protección, a menos que el objetivo sea el control e inteligencia sobre las personas protegidas”.
El expresidente Álvaro Uribe calificó la investigación de “muy seria”.
Quién contrató a Oyola y quién lo mantuvo
Su historial era público antes de que la DNI lo contratara.
En 2018 fue asesor legislativo de Rodrigo Villalba, hoy gobernador del Huila.
En 2022 él y su hermano gemelo, Cristian, fueron denunciados ante la Fiscalía en Neiva por un intento de fraude informático; el caso no avanzó.
En octubre de 2022 firmó un contrato con la Contraloría utilizando una especialización cuyo título está fechado el 25 de noviembre de 2022, un mes después de la firma.
En junio de 2023 la UNAD encontró que su historial académico había sido alterado para obtener esa especialización y avanzar en una maestría.
En febrero de 2024 la DNI lo contrató de todos modos, bajo el director Manuel Alberto Casanova, como el propio Lemus dijo a El Tiempo. Según el informe de la propia agencia, el director de contrainteligencia lo puso luego a disposición de Lemus, quien lo trasladó al grupo de tecnología.
Un hombre honesto no hackea su propia universidad. Sepa o no la DNI en febrero de 2024 que esto había ocurrido, hoy es evidente que nunca debió ser contratado, y su caso da peso a la conclusión de la auditoría de que al menos la mitad de las contrataciones de la agencia carecían de las calificaciones necesarias para sus puestos.
Si las calificaciones no fueron el criterio, ¿cuál lo fue? No lo sabemos y no vamos a especular, pero la pregunta sigue siendo legítima.
El 7 de mayo de 2026, un juez ordenó su arresto.
Horas antes de la primera vuelta del 31 de mayo de 2026, el CTI allanó un apartamento que servía como sede encubierta de la DNI; Oyola se marchó antes de que llegaran los agentes y abandonó allí computadores y teléfonos.
Nadie ha establecido quién le avisó.
Durante seis meses más, la agencia lo mantuvo empleado.
El Colombiano contó cinco ocasiones en las que el gobierno de Petro lo habría protegido: fue trasladado en lugar de despedido tras perder las bases de datos, luego se le confió la nueva versión del sistema más sensible de la agencia (el SIIC), siguió en la nómina después de la orden judicial, ya no estaba cuando llegó el allanamiento y siguió trabajando durante las elecciones pese a ser un hombre buscado.
El SIIC, el Sistema Integrado de Inteligencia y Contrainteligencia, es la plataforma donde debería quedar registrada cada misión de la agencia, y solo el presidente, el vicepresidente, el ministro de Defensa, los jefes de inteligencia y el inspector de la agencia pueden verla completa.
En septiembre, ya bajo el nuevo gobierno, la DNI informó al despacho del presidente De la Espriella que Oyola había estado desarrollando la versión 2 del sistema, que nunca la entregó y que el computador que usaba “fue robado”.
No se presentó ninguna denuncia ante la Fiscalía, que en Colombia es donde se reporta un robo. En palabras sencillas, no existe un reporte policial por un computador que contenía el desarrollo del sistema de inteligencia más restringido del Estado.
El Tiempo, citando documentos reservados y auditorías forenses, informó que presuntamente extrajo una copia espejo de ese sistema. El funcionario “sin nombre” del gobierno de Petro admitió ante El Tiempo que Oyola “sí tuvo acceso a las misiones secretas de la DNI”.
Esa admisión agudiza tres preguntas.
¿Por qué un hombre que ya tenía credenciales dentro de la agencia necesitaría vulnerar o hackear algo, en lugar de solicitar los datos por los canales adecuados?
¿Por qué no se presentó una denuncia por un computador robado que contenía material de seguridad nacional del más alto nivel?
¿Y por qué un funcionario recién contratado, con una denuncia por hackeo y un caso de fraude, recibió acceso a un sistema que solo el presidente y un puñado de los más altos funcionarios del Estado pueden ver completo?
Aquí ofrecemos una inferencia razonable, no un hecho.
Una agencia que quiere datos de otra agencia los pide, y la solicitud deja constancia. Entrar por la fuerza no deja ninguna, y en este caso los datos “se perdieron”, el sistema “nunca fue entregado” y el computador “fue robado”.
Tres piezas faltantes forman un patrón.
Las acusaciones que siguen siendo acusaciones
La honestidad exige aquí un límite claro.
El 8 de noviembre, el portal Chivas y Crónicas, dirigido por el veterano periodista Melquisedec Torres, publicó lo que describió como el relato de una fuente de inteligencia: que el plan era alterar cifras a favor de Iván Cepeda, que Oyola tenía acceso a los sistemas de la Registraduría desde 2022 y que el empresario barranquillero Euclides Torres era un posible financiador.
En su propia publicación, Melquisedec Torres añadió que el trabajo se haría “con apoyo de un equipo cubano, ruso y venezolano” y que alguien llamado “alias Aureliano” coordinaba la estrategia “desde la Casa de Nariño” (el palacio presidencial de Colombia).
En torno a ese relato pueden afirmarse con seguridad dos hechos.
Aureliano era el alias de Petro en el M-19, el grupo guerrillero que asaltó el Palacio de Justicia de Colombia en 1985, un ataque que dejó más de 90 muertos, entre ellos 11 magistrados de la Corte Suprema. El grupo se desmovilizó en 1990.
Euclides Torres está bajo investigación por la financiación irregular de la campaña de Petro en 2022, y Estados Unidos le revocó la visa el 28 de septiembre de 2026.
Todo lo demás en ese relato descansa en una sola fuente anónima y debe leerse como tal.
Los informes también difieren sobre una conexión con Madrid, así que la dejamos fuera. Y nadie, incluidos los autores del informe de la DNI, sostiene que el voto haya sido realmente cambiado. La acusación se refiere a un plan.
Las reacciones, y un silencio
Iván Cepeda, senador del Pacto Histórico y aliado de Petro, que perdió la segunda vuelta del 21 de junio ante De la Espriella, respondió el 9 de noviembre.
Las acusaciones, escribió, “pretenden descalificar el resultado electoral” y sembrar dudas sobre la gran votación del Pacto Histórico, afirmando “sin sustento probatorio” que un funcionario de la DNI habría participado en un supuesto plan de manipulación electoral; y la Registraduría “ha descartado, una y otra vez, intrusión o hackeo que haya manipulado el resultado electoral”.
Lo último es cierto y no responde a la acusación: nadie dice que el hackeo haya tenido éxito. Los documentos dicen que fue planeado.
Petro no había dicho nada a la fecha de esta publicación.
El funcionario “sin nombre” del gobierno de Petro dijo a El Tiempo: “no compramos carros para expresidentes”, porque “no había ni tiempo, faltaban dos meses para que se acabara el gobierno Petro, ni recursos”.
Nadie dijo que lo hubiera hecho. El informe dice que el decreto puso a la DNI a cargo de asignar vehículos existentes, y que el plan era equiparlos. Sobre los micrófonos y el GPS, hasta donde informa El Tiempo, no dijo nada.
El vicepresidente José Manuel Restrepo pidió una investigación a fondo.
El Centro Democrático escribió: “Nada sorprende ya de la degradación del gobierno Petro”.
El congresista Daniel Briceño optó por el sarcasmo: “Iván Cepeda es tan malo que ni con todo el poder del Estado, contratistas, recursos públicos, el voto fusil, con toda la política tradicional, los Torres y con un hacker desde el DNI listo para manipular el software de la Registraduría pudo ganar”, escribió.
El senador Andrés Forero pidió a la fiscal general Luz Adriana Camargo que explique las reuniones con Oyola que registra el informe de la DNI, y El Tiempo informa sobre una indagación para determinar si alguien dentro de la Fiscalía le filtró datos reservados.
La Contraloría ordenó una revisión prioritaria de cinco contratos de la DNI por 20,783 millones de pesos, unos 6.4 millones de dólares, entre ellos un helicóptero no tripulado de 9,000 millones de pesos, unos 2.8 millones de dólares, que se estrelló en marzo.
La Procuraduría también investiga a Lemus por separado.
Lo que los hechos permiten concluir
A nuestro juicio, tres cosas quedan establecidas por los propios documentos del Estado.
Primero, la policía política de Petro, como la llamó la auditoría, contrató a un hombre con antecedentes de fraude, le dio acceso a su sistema más sensible y lo mantuvo empleado durante seis meses mientras un juez lo quería en la cárcel.
Segundo, el propio personal de esa agencia escribió que él lideraba una red para cambiar el resultado de la segunda vuelta. De todo lo que contiene esta historia, esta es la parte que debería asustar a todo colombiano, cualquiera que sea su política, porque un gobierno que manipula el conteo de votos manipulará cualquier cosa.
Tercero, una auditoría ordenada por el nuevo gobierno encontró a la misma agencia espiando a la oposición.
Sin embargo, para ser claros, hay dos cosas que no están establecidas: que Petro haya dado una orden, y que se haya alterado un solo voto.
No ocurrió. Los votos fueron contados, el resultado se mantuvo y Cepeda reconoció su derrota antes de que terminara el escrutinio oficial.
Por qué creemos que el plan fracasó: la orden de captura de mayo y el allanamiento del 31 de mayo dispersaron la red antes de la segunda vuelta, los sistemas de la Registraduría resistieron, y el resultado legal de Colombia descansa en actas de escrutinio en papel recontadas por jueces, no en el software de la noche electoral.
Tal vez otras naciones tengan una o dos cosas que aprender de Colombia sobre cómo contar votos.
Y aun así, el peligro estaba ahí. Un plan que fracasa sigue siendo un plan, y entre lo que está establecido y lo que no se sitúa la responsabilidad política.
La DNI respondía a Petro. El Decreto 0563 era de su gobierno. Seis meses de protección para un fugitivo no son un accidente administrativo; son decisiones, tomadas por personas que responden ante el director, quien responde ante el presidente.
Los lectores pueden juzgar el decreto por sí mismos: si un presidente que trató a sus predecesores como enemigos de pronto quería verlos más seguros, o quería escucharlos.
Y está el 1 de junio de 2026. A la mañana siguiente de la primera vuelta, Petro se negó a aceptar el conteo preliminar: “Como presidente no acepto los resultados del preconteo de la firma privada de los hermanos Bautista”.
Acusaba a la Registraduría de usar un software poco confiable cuando, según los documentos de su propia agencia, esa agencia planeaba atacar ese mismo software.
Durante años la izquierda escribió una pregunta como grafiti en los muros de Colombia sobre los años de Uribe: “¿Quién dio la orden?”. La pregunta ahora le pertenece a Petro.
La Escritura advirtió a todo gobierno que guarda expedientes: “Porque nada hay encubierto, que no haya de descubrirse; ni oculto, que no haya de saberse” (Lucas 12:2, RVR1960).
Los informes escritos para el próximo director tienen la costumbre de convertirse exactamente en eso.
Por qué esto importa en Estados Unidos
Para los conservadores estadounidenses, la integridad del conteo de votos no es una abstracción.
Desde 2020, las irregularidades documentadas y las condenas individuales por fraude han mantenido la integridad electoral en el centro de la agenda conservadora, sea cual sea la conclusión que se saque sobre su magnitud.
La policía política de Petro es lo que parece esa preocupación cuando es el propio Estado quien dirige la operación: un hacker contratado por el gobierno y dirigido contra la entidad que cuenta los votos.
Colombia es además uno de los socios de seguridad más cercanos que tiene Estados Unidos en Sudamérica, y el presidente en la Casa de Nariño decide cuánta cooperación recibe el gobierno de Estados Unidos en materia de comercio, extradiciones y la guerra contra las drogas.
La administración Trump descertificó a Colombia como socio en la guerra contra las drogas en septiembre de 2025, revocó la visa de Petro ese mismo mes después de que instara a los soldados estadounidenses a desobedecer a su comandante en jefe, y lo sancionó a través del Tesoro en octubre de 2025.
Los documentos de la DNI sugieren ahora que ese mismo gobierno enviaba a sus espías a capacitarse con el SVR de Rusia y regresaba con dispositivos sospechosos.
Los críticos calificaron la línea dura de Washington contra Petro como un rencor personal. Los documentos de la DNI hacen que parezca buen criterio.
De la Espriella ordenó la auditoría en sus primeros días en el cargo y puso 147 terabytes bajo cadena de custodia para los fiscales. Ese es el socio que tiene ahora Estados Unidos.
La verdad es paciente, y siempre llega.
